Por: ANDRÉS CHAVARRÍA OCAMPO
Politólogo Universidad
Nacional de Colombia
RESUMEN: Este
artículo es producto de una investigación realizada, en el marco del curso de
Cultura Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Universidad
Nacional de Colombia; la finalidad de este es plasmar el acercamiento vivido
durante el primer semestre de 2014 con la comunidad desplazada del Barrio Villa
Hermosa (Comuna 8) de Medellín. Inicialmente se hace una descripción de la
problemática del desplazamiento forzado en Colombia a raíz del conflicto
interno, posteriormente se hace un acercamiento conceptual a la cultura
política, desde las teorías que más se acercan a describir el comportamiento de
los desplazados con su entorno político y por último se describe la realidad
social de la población estudiada y las conclusiones más importantes que generó
esta investigación.
PALABRAS CLAVE: Desplazamiento
Forzado, Cultura Política, Participación Política, Derechos Humanos.
ABSTRACT: This
article is the result of research conducted in the context of the course
Political Culture of the School of Humanities and Economics, National
University of Colombia; the purpose of the approach is to capture the lived
during the first half of 2014 with the displaced community of Barrio Villa
Hermosa (Comuna 8) Medellin. Initially a description of the problem of forced
displacement in Colombia as a result of the internal conflict is then a
conceptual approach to the political culture is, from the theories that come
closest to describing the behavior of the displaced to their political
environment and Finally, the social reality of the population studied and the
major findings generated by this research is described.
KEYWORDS:
Forced Displacement, Political Culture, Political Participation, Human Rights.
1. INTRODUCCIÓN
Uno de los principales retos
que tiene el ser humano para poder avanzar como especie racional -lo que se
supone es el elemento que posee y diferencia de los demás seres vivos- y por
tanto los gobernantes y ciudadanos del mundo en tanto dirigentes e incidentes
en el rumbo que tomen sus lugares habitacionales, es acabar con un fenómeno que
representa serias violaciones al conjunto de los Derechos Humanos: el
desplazamiento forzado. En lo formal se ha avanzado al respecto. Existen cuatro
convenios internacionales llamados Convenciones de Ginebra en los que se
regulan el Derecho Internacional Humanitario y por tanto también la protección
a las víctimas de los conflictos armados. Prácticamente todos los países del
mundo están obligados a cumplirlos puesto los han firmado, del lado de Colombia
la obligación no es diferente.
El desplazamiento forzado en
Colombia ha representado un gran desafío para el Estado en la búsqueda de
encontrar una solución duradera a corto, mediano y largo plazo a este problema
y atender a la población afectada. La agudización del conflicto armado interno
en Colombia y el uso de estrategias de guerra violatorias del Derecho
Internacional Humanitario, han expuesto a la población civil a graves hechos de
violencia sociopolítica que incluyen amenazas, los enfrentamientos armados, los
boleteos, las desapariciones, la tortura, las incursiones armadas, los
asesinatos selectivos, las masacres, la destrucción de caseríos y poblados,
entre otros. Hechos que obligan a miles de colombianos a desplazarse como única
estrategia para conservar la vida (Bello, Cardinal Martín, & Arias, 2000,
pág. 13). La población desplaza se convierte en una población vulnerable, toda
vez que entra a formas parte de los cinturones de pobreza de las ciudades,
desarraigándose de sus costumbres y perdiendo todo índice de sentido hacia lo
que significa para el concepto de poder.
2. EL DESPLAZAMIENTO FORZADO
EN COLOMBIA
Es oportuno precisar el
concepto de desplazamiento forzado, “Es desplazada toda persona que se ha visto
forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de
residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad
física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran
directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores,
violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos,
infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren
drásticamente el orden público”. Artículo 1º de la ley 387 de 1997.
En Colombia, el desplazamiento
forzado “delito de lesa humanidad” es un fenómeno masivo, sistemático, de larga
duración y vinculado en gran medida al control de territorios estratégicos.
Esta última característica evidencia que, más allá de la confrontación entre
actores armados, existen intereses económicos y políticos que presionan el
desalojo de la población civil de sus tierras y territorios. Sucede así con el
narcotráfico y sus estructuras de financiación, que han sido definitivos en la
sostenibilidad y agudización de la violencia sociopolítica en diferentes
regiones del país. Por supuesto, no se puede dejar de lado intereses provenientes
de sectores empresariales que también han contribuido a propiciar el desalojo y
apropiación de importantes territorios (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág.
71).
El desplazamiento forzado en
Colombia puede explicarse por diferentes causas: En primer lugar; el conflicto
armado como consecuencia del enfrentamiento entre actores armados o entre
alguno de éstos y la fuerza pública, cuando la población huye por carecer de
las garantías mínimas de protección de su vida e integridad física. Debido a la
estrategia de control territorial por parte de los grupos al margen de la ley.
En la actualidad existe una nueva forma de
desplazamiento forzado
denominado Interurbano, donde las familias son expulsadas de una ciudad a otra
por los conflicto por control de barrios (Ibáñez: 2008), consecuencia del
traslado del conflicto hacia las periferias urbanas, incluso las hogares pueden
ser víctimas de un segundo desplazamiento, Otro de los factores, es la dinámica
de desarrollo económico en las regiones, La expulsión de pobladores de su lugar
de origen también parece responder a mecanismos de adecuación a las necesidades
de producción y acumulación que el capital impone y la estrategia de dominación
de los capitales nacionales y transnacionales.
Eric Hobsbawm afirma que la
historia de Colombia puede interpretarse basándose en la recurrencia de dos
hechos: la colonización permanente y la violencia incesante. No es necesario
remontarse a la conquista de América, realizada a sangre y fuego, ni a la época
del poblamiento colonial para constatar la observación del profesor. Pero fue
durante el siglo XIX cuando esas constantes comenzaron a perfilarse con mayor
nitidez y, sobre todo, a gravitar de una manera más vehemente (Segura,
2001:33).
Las reformas liberales, la reforma de los años 50, las repúblicas
independientes, la contrarreforma agraria de los años 70, el aguje de los
cultivos ilícitos, hasta llegar a los procesos de desplazamiento de los años 80
y 90, marcan toda una historia que parecería repetirse hasta hoy. Se sabe
(Segura, 2001) dice Alfredo molano que el último quinquenio se incrementado año
por año y, por tanto, si tomamos como base el promedio de los dos últimos
periodos (del siglo XX), pudo haber más de un millón. Es impactante entonces
que el estado no haya hecho un censo de habitantes en esa condición durante ese
siglo y que solo hasta el año de 1997, apareciera una ley de protección y
atención a la población desplazada. Mucho más preocupante es que la ley 1048
(Restitución de tierras y reparación de víctimas), en su apartado de
restablecimiento y retorno de desplazados, prevea su aplicación solo a quien se
haya desplazada a partir del año 1985, dejándose de reconocer el proceso
histórico de violencia y terrorismo de Estado hasta la fecha. Así las cosas, no
se consideran sujeto político garante de derechos por parte del Estado, en su
condición como víctima de este.
Figura1:
Países con el mayor desplazamiento relacionado con conflicto y violencia
(Fuente: Semana.com)
Ahora bien, Colombia según el
más reciente informe de la ONU y el Consejo Noruego de Refugiados (CNR).
Segunda datos recopilados por la revista Semana, de seis millones de
desplazados que ha habido históricamente en Latinoamérica, 5,7 millones están
en Colombia, el país en la región con más víctimas de ese crimen y el segundo
en el mundo después de Siria. La realidad, que empezó en 1960, sigue en aumento
y es más que números pues se estima que el desplazamiento forzado ha afectado
de manera directa a por lo menos el 12 % de la población colombiana. Tan sólo
en el 2013, de los 8,2 millones de desplazados que hubo en el mundo, casi
157.000 fueron en este país.
En Colombia durante el año
2013, del 1 de enero hasta el 31 de noviembre, se observaron 130 casos de
desplazamientos de carácter masivo[1] y múltiple[2] , cerca de 28.032 personas
desplazadas, pertenecientes a 7.205 familias; para el mismo período en el año
2012, se registraron 44.906 personas desplazadas, pertenecientes a 7.518
familias. Es decir, que comparativamente entre los años mencionados, se
evidencia un incremento menor de desplazamientos equivalente a un 37.6%, Es
necesario resaltar que no se están incluyendo en este boletín las personas
afectadas por desplazamientos individuales que suelen representar desde el año
2010, cerca del 86.7%. Los departamentos en Colombia con mayor número de
personas afectadas por los desplazamientos masivos los integran: Antioquia
3.774, Cauca 8.223, Chocó 2.496, Córdoba 1.053, Nariño 5.168 y Valle del Cauca
4.589 (CODHES, 2013, pág. 1).
3. RESPUESTA INSTITUCIONAL
FRENTE AL DESPLAZAMIENTO FORZADO
Colombia hace parte como la
mayoría de los países de los cuatro Convenios de Ginebra y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (que también reglamenta la promoción
y protección de los DH). Pese a ello el Estado colombiano no ha podido cumplir
con lo acordado en estos contratos. Actualmente en Colombia hay 5,7 millones de
desplazados según últimos datos de la ONU y el Consejo Noruego de Refugiados
(CNR), esto equivaldría al 12% de la población del país, una cifra altamente
alarmante por sí sola, ahora comparándolo con el resto de los países del mundo
nos deja en un lugar sumamente vergonzoso pues se ocupa el segundo puesto en la
lista de Estados con más personas en condición de desplazamiento forzado.
Tan
solo el año pasado hubo 156.918 personas más que tuvieron que migrar de sus
territorios. Cabe anotar que el conflicto prolongado es la principal causa de
este fenómeno en Colombia: enfrentamientos armados, amenazas directas,
reclutamiento forzado de menores, violencia sexual, minas antipersonales,
extorsión y atentados contra defensores de derechos humanos, un conflicto interno
en el que han participado principalmente tres actores; grupos paramilitares,
guerrillas y fuerza pública, aunque no son los únicos.
Frente a este fenómeno el
Estado colombiano ha creado y modificado las instituciones que deben atenderlo
en diversos momentos. La definición de las características de la población se
encuentra en la ley 387 de 1997 en la que se establece como desplazado
"toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio
nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con
ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno,
disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas
de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u
otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar
o alteren drásticamente el orden público”. Con la expedición de esta ley, a
propósito de las modificaciones en las instituciones a cargo, se creó el
Sistema Nacional de Atención Integral a la población desplazada (SNAIPD) y el
Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la
Violencia (CNAIPD) para todo lo relacionado con la atención a desplazados.
En el 2011 se expide una ley
en el congreso de la república en la que se exponen los derechos y garantías de
la población y se formaliza una articulación nacional y departamental para
atender los ciudadanos en esta condición bajo las especificidades de sus
territorios. Dicha norma conforma el Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
encargada actualmente de coordinar todas las acciones de atención integral a
las víctimas de desplazamiento forzado. La última modificación en el tema
sucedió con el decreto 0790 de 2012 que
traslada las funciones Sistema Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada por la Violencia al Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y del Consejo Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada, al Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas.
Frente a la problemática no se
puede negar que el Estado colombiano ha tomado medidas y creado agencias para
la atención de esta población, pero el conflicto armado que es el principal
causante de este no ha cesado y por lo tanto las víctimas tampoco. En el actual
gobierno se están llevando a cabo negociaciones con uno de los actores del
conflicto y por tanto se espera que su buen término traiga consigo la reducción
del número de personas obligadas a abandonar sus tierras.
4. CULTURA POLITICA Y
DESPLAZAMIENTO FORZADO
Bello (2000:13) nos dice que
el desplazamiento forzado tanto como los sucesos que lo preceden conlleva a serias
repercusiones de orden político, económico y demográfico. También genera
efectos en el ámbito psicosocial y cultural poco explorados en el país. Las
personas en situación de desplazamiento se ven obligadas a perder y abandonar
no solamente pertenencias y propiedades (territorios geográficos) sino
relaciones y afectos construidos históricamente con el entorno, expresados en
las maneras propias de vivir y sentir la región, y con los vecinos y familiares
(territorios de vida), es decir el desplazamiento
también destruye comunidades
(identidades colectivas) en tanto desestructura mundos sociales y simbólicos,
provocando de este modo rupturas sobre creencias, valores, practicas, formas y
estilos de vida.
La imagen que una persona
víctima del desplazamiento tiene sobre sí mismo, se ha construido
históricamente y les ha permitido diferenciarse o distinguirse de otros y al
mismo tiempo ser reconocido por otros (reconocimiento), y desestructurada y
reconstruida a la luz de nuevas realidades y posiciones sociales que están
obligados asumir (Bello, Cardinal Martín, & Arias, 2000, pág. 142), en este
contexto partimos del objetivo de este trabajo, analizar e interpretar de un
lado las condiciones y características distintivas de la población desplazada;
es decir que los diferencias de los demás ciudadanos de un territorio
especifico como lo es Medellín y de otros sus procesos de inserción a espacios
de reubicación ( pequeños y grandes municipios o ciudades) a la luz de las
nuevas exigencias de acomodación y cambio que esto trae para ellos, esencialmente
en participación políticas ciudadana y comunitaria, a luz de reconocer sus
imaginarios sobre participación democrática, actores del sistema político y
sujetos de derechos.
En cuanto al concepto de
cultura política de los sujetos políticos podemos inicialmente establecer
ciertas características, Según Jacqueline Peschard, Toda sociedad construye una
forma de representarse al mundo y de explicarse los distintos fenómenos tanto
naturales como aquéllos en los que interviene el hombre. La cultura es el conjunto
de símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos y rituales que se
transmite de generación en generación, otorgando identidad a los miembros de
una comunidad y que orienta, guía y da significado a sus distintos quehaceres
sociales.
La cultura da consistencia a una sociedad en la medida en que en ella
se hallan condensadas herencias, imágenes compartidas y experiencias colectivas
que dan a la población su sentido de pertenencia, pues es a través de ella que
se reconoce a sí misma en lo que le es propio. La política es el ámbito de la
sociedad relativo a la organización del poder. Es el espacio donde se adoptan
las decisiones que tienen proyección social, es decir, donde se define cómo se
distribuyen los bienes de una sociedad, o sea, que le toca a cada quién, cómo y
cuándo. Los valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito
específicamente político, es decir, el conjunto
de elementos que configuran la
percepción subjetiva que tiene una población respecto del poder, se denomina
cultura política.
La cultura policía no es algo
homogéneo, se puede considerar que la cultura política en una cierta sociedad
está constituida normalmente por un conjunto de subculturas, es decir, de
actitudes normas y valores diversos que frecuentemente se oponen entre sí.
Entendemos que los valores políticos pueden verse condicionados por la
historia, la estructura social y la experiencia directa de la gente con el
funcionamiento del sistema político.
Nos dice Jacqueline Peschard
acerca de la forma como orientamos nuestro sentido del mundo político; Hay tres
grandes tipos de orientaciones:
1) la cognoscitiva, que se
refiere a la información y el conocimiento que se tiene sobre el sistema
político en su conjunto y sobre sus roles y sus actores en particular;
2) la afectiva, que se refiere
a los sentimientos que se tienen respecto del sistema político y que pueden ser
de apego o de rechazo; y
3) la evaluativa, que se
refiere a los juicios y opiniones que la población tiene acerca del sistema
político.
Para Jacqueline Hay dos
grandes objetos políticos hacia los que se dirigen estas orientaciones: 1) el
sistema político en general o en sus distintos componentes (gobierno,
tribunales, legislaturas; partidos políticos, grupos de presión, etc.); y 2)
uno mismo en cuanto actor político básico.
Los sistemas de gobiernos
deberían contar con una cultura política adecuada, esto es, factores y símbolos
referentes al campo de la política que estuvieran lo suficientemente
socializados en la población. De allí que podemos utilizar la frase de Consuelo
Corredor (1992) con la cual caracteriza a Colombia: “en Colombia se ha dado una
modernización a medias y una caricatura de modernidad”, lo cual explica la
difícil situación que atraviesa la cultura política colombiana.
Estamos
asistiendo al siglo XXI con un estado que no ha logrado consolidar los puntos
mínimos de modernidad, en cuanto a monopolizar cualquier forma de violencia,
controlar las políticas monetarias y fiscales, consolidar un mercado interior,
delimitar y hacer presencia en todo el territorio (soberanía) integrar los
grupos sociales dentro del territorio (nación), y centralización del poder
estatal, favoreciendo la aparición de poder locales y regionales, este último
factor causado por unas élites nacionales permeables a viejas relaciones de
poder locales y regionales representadas en los partidos políticos, por tanto
el poder del estado está supeditado a estos actores, evitando la consolidación
de la unidad e integración nacional, generando en estas regiones procesos de
autorregulación política.
La importancia de la cultura
política y su conexión con la estabilidad política y el desempeño gubernamental
se hace más que evidente si consideramos que la supervivencia y la eficacia de
un gobierno depende en buena medida de la legitimidad que posea a los ojos de
los ciudadanos, es decir de la coincidencia que haya entre lo que concibe y
espera la población de las estructuras políticas y el desempeño de estas. Es así
como la legitimidad de un sistema o gobierno recae en gran medida en la
población que lo conforma, en sus ciudadanos, en sus juicios u orientaciones
evaluativas, cognitivas y afectivas. Para el caso afrocolombiano en robledo es
claro que lo que conciben y esperan del sistema o gobierno contrasta con una
realidad oscura y nublada para estos, ya que su accionar está dirigido en gran
medida a recibir beneficios o resultados del sistema, resultados que no siempre
llegan o dicho de otra
manera, raramente llegan. De
allí que podríamos plantear entonces que la legitimidad que puede llegar a
tener en él. Hay dos grandes objetos políticos2 hacia los que se dirigen las
orientaciones de los individuos o sujetos de un sistema:
1) El sistema político en
general o en sus distintos componentes (gobierno, tribunales, legislaturas,
partidos políticos, grupos de presión, etc.)
2) Uno mismo en cuanto actor
político básico. (Corredor, 1994)
En cuanto esto los
desplazados, se ven permeados por cambios generados a nivel personal y social
se encuentran estrechamente ligados al lugar de origen y al ámbito educativo.
Al lugar de origen, porque se sostienen sentimientos de temor por lo que les
pueda pasar a ellos o a sus familiares, en caso de regresar al seno de sus
hogares. En el ámbito educativo, el cambio se genera por la imposibilidad de
volverse a integrar a una universidad a otra educación o vida laboral, en las
ciudades de llegada.
Con relación a las representaciones sociales que las
personas desplazadas por violencia política construyen sobre participación, en
Colombia no es posible abordar el problema del autoritarismo, la violencia y la
exclusión, ni tampoco abonar los cimientos de la cultura democrática, si no se
ahonda en las estructuras políticas y socioculturales, económicas y emocionales
que sostienen estas tendencias. En torno de las actitudes frente a la
participación, se concluye que en Colombia hace falta estimular los procesos de
participación, y, el conocimiento acerca de ellos, para, sensibilizar y
concienciar a las personas y comunidades entorno a la importancia de
empoderarse y participar o movilizarse ya sea el caso; debido a hacer valer sus
derechos o de mejorar sus necesidades básicas o dar a conocer las problemáticas
que afectan su entorno social.
“No es fácil el proceso de
aprendizaje de la participación democrática. Pero esta dificultad no debe
servir de coartada para impedirlo o para debilitarlo. La verdad es que a
participar se aprende participando. Y este ejercicio democrático, siempre en
proceso de perfeccionamiento, es el que va a asegurar la auténtica calidad de
la vida democrática” (Ulloa, 1994). La ruptura de las lógicas territoriales de
participación democrática ha derivado en un escenario profundo de
desterritorialización y desarraigo político de la población desplazada que, por
regla general, no ha contado con garantías para participar en la democracia
local, porque ha sido excluida de sus territorios y tiene relaciones diferentes
con su sitio de llegada. Es importante avanzar en la superación de esta barrera
a partir de garantías efectivas de participación directa en espacios y
organismos de democracia local, regional y nacional.
El riesgo de la población en
general en momentos electorales se incrementa en la medida que se limitan las
libertades democráticas tanto para los electores como para los candidatos. Como
lo afirmó CODHES para las elecciones de 2007, “elegir y ser elegido es un
derecho limitado en zonas donde la guerra, toda vez que persisten diferentes
formas de presión pueden distorsionar o afectar los resultados de los comicios”
Misión de Observación Electoral (2007).
En cuanto esto, la cultura
política democrática está sustentada en la noción de ciudadanía, un grupo de
individuos racionales, libres e iguales ante la ley, que conforma el sujeto por
excelencia de la cosa pública y de la legitimación del poder, puesto que la
fuente primaria y última del poder es la voluntad del pueblo, es decir, de la
ciudadanía. La noción de ciudadano se expresa nítidamente en el término elector
(o votante) que es una categoría jurídico-política que iguala a los individuos
entre sí, cada elector independientemente de su situación social particular
tiene el mismo peso al ejercer su derecho al sufragio (Jacqueline Peschard). De
este modo la ciudadanía es reducida al simple hecho de sufragar y por ese
conducto a elegir a sus gobernantes.
El principal elemento que
encontramos en la observación realizada en el contexto de esta investigación es
la heterogeneidad de la población en el lugar. Los ciudadanos en sus
diferencias culturales encuentran en común el referente de la violencia, su
único victimario. Claramente lo expresa María Teresa Uribe en su libroNación, ciudadano y soberano:
“en las territorialidades bélicas predomina la heterogeneidad de las
poblaciones que las habitan, la complejidad de su composición social y
cultural, donde el referente colectivo más fuerte parece ser el de las heridas
morales por su condición de víctimas de un conflicto de larga duración y una
historia de refugios, resistencias y rebeldías.”
En el mismo sentido Uribe
expone como elemento causante de desplazamiento la disputa de soberanías
existente en Colombia. La violencia como eje articulador de la cultura política
en Colombia que bien da cuenta de la cultura política en la población
desplazada pues son los perjudicados más directos. Resulta entonces las
soberanías en disputa como un elemento de análisis interesante pues da cuenta
de manera generalizada pero precisa del fenómeno de paramilitarismo, guerrillas
y fuerza pública: “Si bien esta disputa de soberanías alternativas fractura esa
nosotros precario de las territorialidades bélicas y descompone el tejido
social de las regiones, también es cierto que va configurando otras redes,
otros circuitos de poder y otras representaciones colectivas…” Encontramos que
no hay una identidad propia con el territorio pues éste no es al que
pertenecen, cuando se desplazan a otro lugar de alguna manera se aíslan ciertas
prácticas y costumbres para crear otras redes de sociabilidad, lo que la autora
llama “circuitos de poder y representaciones colectivas” que desencadenan
diferentes lógicas o formas de interacción.
Como resultado de la misma
soberanía en disputa se pone en juego los derechos de las personas que padecen
el flagelo inicialmente con la obligación de abandonar su territorio, pero
después con la necesidad de crear otras identidades diferentes a la propia y
con la disminución de su calidad de vida pues a donde se ubiquen tendrán que
pasar necesidades para acoplarse y buscar otras maneras de obtener recursos.
Como afirma María Teresa, la ciudadanía es virtual y los derechos de los
derechos de los actores sociales, aunque consagrados institucionalmente, no son
amparados por ninguno de los órdenes en disputa.
5. EL DESPLAZAMIENTO FORZADO
EN MEDELLÍN.
En la ciudad de Medellín
recibe al día, en promedio, entre 35 y 40 declaraciones por desplazamiento
forzado, de las cuales unas 20 corresponden a desplazamientos forzados
intraurbanos; adicional, es procedente deducir que a la ciudad puede arribar
población desplazada proveniente de otros lugares de Colombia, en busca de
mejores oportunidades y ya incluida en el RUPD, lo que implica que no hay
declaración, no obstante, de esto no hay registro. En general, Medellín
entonces está permanentemente recibiendo población desplazada. Esta población
víctima del desplazamiento forzado se ha ido asentando en mayor o menor número
en las 16 Comunas y en los 5 Corregimientos de la ciudad; si bien hay zonas de
mayor impacto, se entiende entonces que el territorio local en su conjunto se
relaciona con esta población. Las Comunas que registran mayor cantidad de
población desplazada, por encima de las 10 mil personas, son en su orden:
Villahermosa (15,3%), Manrique (11,7%), Popular (11%) y San Javier (10,7%). Las
que menos registran son Guayabal (0,7%), La América (0,33%), y El Poblado y
Laureles, ambas con un 0,04% (secretaria de bienestar social, Alcaldía de
Medellín, 2011, pág. 4).
La comuna 8 Villa hermosa,
lugar de esta investigación, está Conformado según el plan de desarrollo local
de la comuna 8 (2008-2018), por diez nodos diferentes en los que se conforman
diferentes identidades barriales, pero para lo que ataña a esta investigación
dos de eso nodos representan un tratamiento especial en tanto son barrios de
reciente formación conformados por poblaciones en su mayoría desplazados, estos
son: los nodos 9 Altos de la Torre: Este nodo es de Tratamiento Especial, y
está conformado por los sectores de Altos de la Torre y Pacífico, en la parte
alta de los barrios 13 de Noviembre y Llanaditas y 10. Esfuerzos de Paz: Este
nodo es de Tratamiento Especial, y está
conformado por los sectores de Esfuerzos de Paz I, Esfuerzos de Paz II, Unión
de Cristo, La Esperanza y Las Torres (Corporación para la Paz y el Desarrollo
Social - CORPADES, 2007).
La población víctima del
desplazamiento forzado ha ido ocupando habitacionalmente el territorio de
Medellín de diversas formas, los asentamientos humanos irregulares, núcleos de
población establecidos no legalmente en áreas o predios localizados y en
condiciones de vida adversas, son una forma concreta de hacerlo.
Los asentamientos
históricamente se han conformado como zonas marginales, surgen a partir de
exclusiones estructurales y se desarrollan obedeciendo no a lógicas
planificadas sino a lógicas de supervivencia para protegerse en las ciudades[3].
A la fecha, la Gerencia para
la Atención a la Población Desplazada, adscrita a la Secretaría de Bienestar
Social, posee identificados 56 asentamientos de población víctima del
desplazamiento forzado, ubicados en 12 de las 16 comunas y en 2 de los 5
corregimientos. Las Comunas con el mayor número de asentamientos son las mismas
referenciadas en párrafos atrás que reportan el mayor número de personas
desplazadas, en su orden Villa Hermosa, San Javier, Manrique y Popular (secretaria
de bienestar social, Alcaldía de Medellín, 2011).
Finalmente, al contexto de esta
investigación utilizamos la metodología cuantitativa para realizar una
aproximación a la cultura política del desplazado colombiano, para ello
encuestamos a por lo menos 15 personas de diferentes sectores del Barrio Villa
Hermosa de la Comuna 8 de Medellín, cuyos resultados se ven reflejados en el
análisis teórico anterior como en las conclusiones de este trabajo.
Esta encuesta se basó en el
análisis de los siguientes indicares de cultura política:
|
imaginarios
|
Ciudadanía
Democracia
Movilización
social
Lo
público
Lo
privado
|
|
Creencias
|
Sistema
político
Organización
social
|
|
Participación
|
Participación
ciudadana
Participación
política
|
|
Orientaciones
|
Derechos
humanos
Sistema
político colombiano
|
Tabla
1: Indicadores de
cultura política.
6. CONCLUSIONES
La construcción de una
sociedad democrática requiere medidas de impulsar la construcción de
instituciones que funcionen a partir de los principios de legalidad,
pluralidad, competencia, responsabilidad política, es decir, a partir de
principios democráticos. A partir de ahí se promoverá la participación objetiva
y clara de los ciudadanos que confía planamente en las funciones e intuiciones
del estado creando capital social.
El Estado se enfrenta al reto
de fortalecer la capacidad institucional para la atención de la población en
situación de desplazamiento, de tal forma que sea posible involucrar, articular
y focalizar conjuntamente los recursos y esfuerzos de las entidades del nivel
nacional y territorial, garantizando la participación de la población afectada.
Así mismo, se plantea un gran desafío para fortalecer las acciones encaminadas
a la prevención del desplazamiento forzado por la violencia con
plena participación y compromiso
de las autoridades departamentales y municipales.
Es necesario promover
políticas que garanticen la No discriminación de la población desplazada en sus
territorios, permitiendo fortalecer a través de políticas, programas y acciones
afirmativas la reinserción del pleno ejercicio ciudadano en cada nivel de la
democracia en el país. Garantizando educación y pleno empleo que favorezca la
organización e incidencia del desplazado en el sistema político.
Como pilar fundamental de una
cultura democrática se deben fortalecer el desarrollo de la sociedad civil
organizada, por tanto, se deben entregar incentivos positivos, garantías
materiales y jurídicas para que las organizaciones que han creado la población
en situación de desplazamiento y las víctimas pueden tener un libre desarrollo
de su misión, y sean tenidas en cuenta en la vida política-electoral según
corresponda en cada territorio.
La experiencia de esta
investigación conlleva a la reflexión que educar en la democracia
participativa, requiere de la relación permanente entre la familia, el ámbito
educativo y los contextos sociales desde los cuales operan las personas. No es
posible pensar una propuesta que desconozca la realidad de la violencia
política desde el entorno global, como tampoco generar cambios estructurales si
dichas realidades no se evidencian, no se visibilizan y no se reflexionan.
En Colombia no existe una
concierna del voto, las personas no se ven reflejados sus intereses en los
partidos que los representan, y terminan optando por organizaciones
comunitarias, más que elegir las opciones estatales de participación política,
hay un total desconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana.
Finamente, es importante
mencionar que falta más educación en materia de derechos humanos en Colombia,
las personas desplazadas poco conocen sus derechos, no conocen las
instituciones de atención a la población en situación de desplazamiento, y no
hay consciencia de los que son los derechos humanos ni las leyes que los
protegen.
REFERENCIAS
Bello,
M. N., Cardinal Martín, E., & Arias, F. (2000). Efectos psicosociales y
culturales del desplazamiento forzado. Santa Fe de Bogotá D.C., Colombia:
Universidad Nacional de Colombia.
CODHES.
(2013). CODHES IFORMA, Boletín de la consultoría para los derechos humanos y el
desplazamiento, número 81. Bogotá: CODHES.
Corporación
para la Paz y el Desarrollo Social - CORPADES. (2007). Plan de desarrollo
local, comuna 8 2008-2018. Medellín: El retorno.
Grupo
de Memoria Histórica. (2013)¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad.
Bogotá: Imprenta Nacional.
Secretaria
de bienestar social, Alcaldía de Medellín. (2011). Análisis descriptivo
asentamiento y movilidad. Medellín: Alcaldía de Medellín, Unidad de Análisis y
Evaluación de la Política Pública.
Corredor,
Martínez Martha, (1994). Los límites de la modernización. CINEP. Bogotá,
Colombia.
Uribe,
María Teresa. (2001). Nación Ciudadano y Soberano. Medellín. Corporación
Región.
Ibáñez
Londoño, Ana María. (2009). El desplazamiento forzoso en Colombia: un camino
sin retorno hacia la pobreza, Bogotá – Colombia, Ediciones UNIANDES.
CODHES
INFORMA (2012). Desplazamiento creciente y crisis humanitaria invisibilidad,
Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Número
79 - Bogotá, Quito, CODHES marzo de 2012.
Segura,
Naranjo Martha. ed. (2001). Éxodo, patrimonio e identidad. Bogotá. Litografía
Arco
Cepeda
Ulloa. Fernando. (Com.). Ley Estatutaria “Instituciones y mecanismos de
participación ciudadana”.
Universidad
de los Andes- programa Universidad y Gestión Pública. 1994.
Secretaria
de bienestar social, Alcaldía de Medellín. (2010). DESPLAZAMIENTO FORZADO POR
LA VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN: seguimiento descriptivo del fenómeno,
Alcaldía de Medellín, Unidad de Análisis y Evaluación de la Política Pública.
http://www.semana.com//nacion/articulo/desplazamiento-colombia-es-el-pais-con-mas-desplazados-en-latinoamerica/387275-3
Ley
387 de 1997, Colombia, 18 de julio de 1997.
Ley
1448 de 2011, Colombia, 10 de junio de 2011
Decreto
0792 de 2011, Colombia, 20 de abril de 2012.
Jacqueline
Peschard, La cultura política democrática, instituto federal electoral, México
en http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/la_cultura_politica_democratica.htm
Revista
Tendencias & Retos Nº 13 / octubre 2008
[1] Se
entiende como desplazamiento masivo a aquellos sucesos que afecta a 50 personas
o más o a 10 familias en adelante. CODHES.
[2] Se
entiende como desplazamientos múltiples a aquellos sucesos que afectan entre 15
y 49 personas, o a entre 3 y 9 familias. CODHES.
[3] “Los
asentamientos humanos en las diversas configuraciones físico-espaciales se
generan por las dinámicas diferenciales de distribución de la población, por
las distintas formas de transformación, apropiación, ocupación y construcción
social del territorio, que impactan positiva o negativamente las condiciones y
calidad de vida de las personas y de las sociedades; en este sentido, los
fenómenos y el sistema de relaciones socioculturales, económicas y políticas se
expresan en las unidades territoriales geográficamente delimitadas y al mismo
tiempo en las dinámicas de agregación urbano regionales”. Acuerdo 046 de 2006,
por medio del cual se adopta el POT para Medellín, Capítulo V, artículo 133.
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