La “Política de Seguridad Democrática” no fue más que una constante contradicción en gran medida en sus principales planteamientos, que lo único que lograro fue el aumento de la problemática social en Colombia, pues buscaba mantener una política de implementación de las actividades comerciales capitalistas atraves de la violencia.
El problema más sentido de la opinión pública en Colombia durante el último año de gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002) fue el de la seguridad y persistencia de la violencia guerrillera y su competencia armada con los grupos paramilitares en el país, de ahí que este allá sido el motor de la campaña del candidato disidente del partido Liberal Álvaro Uribe Vélez para ascender en las encuestas electorales, su campaña política se basó en la crítica a la corrupción y la politiquería, complemento moralista de gran impacto en un país en el que el sistema político se sustenta en prácticas clientelistas y corruptas. De esta forma, Uribe triunfo en la primera vuelta en mayo de 2002 frente al candidato del partido liberal. Convirtiéndose en el primer presidente en ganar las elecciones en primera vuelta desde que se instauró la medida en la Constitución de 1991. Uribe y su gobierno presentaron el proyecto de la "Seguridad Democratica" (pilar de su política y eje central de la campaña) el principal argumente fue: “Política de Defensa y Seguridad Democrática es el documento marco mediante el cual el Gobierno Nacional traza las líneas básicas de la Seguridad Democrática para proteger los derechos de los colombianos y fortalecer, con la solidaridad de la ciudadanía, el Estado de Derecho y la autoridad democrática, donde quiera que esté amenazada. La Política de Defensa y Seguridad Democrática es una política de Estado de largo plazo, que se desarrollará en coordinación con todas las entidades del Gobierno y las demás ramas del poder. La verdadera seguridad depende no sólo de la capacidad de la Fuerza Pública de ejercer el poder coercitivo del Estado, sino también de la capacidad del poder judicial de garantizar la pronta y cumplida administración de justicia, del Gobierno de cumplir con las responsabilidades constitucionales del Estado y del Congreso de legislar teniendo presente la seguridad como el bien común por excelencia de toda la sociedad”. En consecuencia esta es una política de guerra que en contradicción con lo que dice no respeto los derechos de los colombianos. Ahora, es importante mencionar que los grupos guerrilleros han sido un factor que ha generado un conflicto interno en Colombia por ya casi más de 50 años, factor crítico de desarrollo social, político y económico. Desde el gobierno mismo del general Gustavo Rojas Pinilla y continuamente hasta llegar al gobierno actual, pasando por los del frente nacional entre otros, es así como podemos sumar cinco décadas de descomposición social, mostrando sus mayores efectos negativos entrando al siglo XXI donde el problema de seguridad nacional no encuentra una solución verdadera. Y de ahí que el tema de la seguridad se integró en la conciencia ciudadana; hecho que basto para que los discursos del presidente Uribe marcados de un tinte religioso y conservador influyesen fuertemente en la ideología del pueblo colombiano, logrando de este modo su reelección, y una imagen de favorabilidad en más de la mitad de los colombianos que lo acompaña incluso hasta el día de hoy. Así mismo, fue de gran importancia para poner en la escena política del país la “seguridad democrática” los numerosos secuestros por parte de las FARC cometidos durante el gobierno Pastrana, la guerrilla ha mantenido como trofeo de guerra a personajes políticos, militares y policías por largo tiempo. Éstos personajes son el gran trofeo con el que han pretendido manejar una estrategia en la cual tienen intereses de por medio para realizar un canje entre secuestrados y guerrilleros en prisión lo cual fue uno de los objetivos del abatido tiro fijo. Otro aspecto importante ocurrió con los grupos paramilitares en el cual el gobierno abrió espacios para que se plantearan posibilidades de negociación luego de que brotaran problemas en la unificación parcial alcanzada durante el gobierno de Samper con la creación de las autodefensas unidas de Colombia.
[2]Como parte de una política de seguridad, Uribe sentó unas reglas sobre las condiciones que deben cumplir los grupos ilegales para negociar. Condiciones que han sido rechazadas por las FARC, tímidamente seguidas por el ELN y asumidas por las AUC, lo que conllevó al proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia. El proceso resultante fue cuestionado por varios críticos que temen que las condiciones no sean suficientes para impedir que haya un grado, para ellos inaceptable, de impunidad en torno a materias como los crímenes de lesa humanidad o el narcotráfico, así como la reparación a las víctimas que no ha sido eficiente y algunas de las personas que han reclamado reparación han sido perseguidas o asesinadas. Algunos informes de prensa han revelado que algunos de los desmovilizados siguen presuntamente delinquiendo desde la cárcel y existen varios grupos emergentes que continúan con las prácticas paramilitares y de narcotráfico además se conoció a principios de este año que muchos de los presuntos desmovilizados eran personajes del común a quienes le pagaron para hacerse pasar como paramilitares. El “proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia” ha servido, no obstante, para disminuir la tasa de criminalidad y gracias a la confesión plena, que impuso la Corte Constitucional, para dar a conocer públicamente los vínculos de políticos con los grupos armados ilegales. El gobierno aseguró que gracias a su gestión se ha desmontado el paramilitarismo. No obstante, los nexos revelados por los jefes paramilitares desmovilizados; de los políticos con las autodefensasparapolítica”, donde varios dirigentes políticos se habrían beneficiado de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente alcanzado cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales superiores, hoy la mitad de la bancada Uribista se encuentran condena por estos hechos y muchos otros aún están siendo investigados, visionadose aquí las primeras consecuencias del proyecto de seguridad democrática. Otro de los puntos expuestos en la seguridad democrática fue: “La Fuerza Pública iniciará el proceso de consolidación del control estatal sobre el territorio, asegurando su presencia permanente y definitiva en todas las cabeceras municipales, con el apoyo de brigadas móviles y demás unidades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Unidades compuestas por soldados regulares, soldados campesinos y carabineros de la Policía Nacional asegurarán el mantenimiento del control territorial. Pero la responsabilidad por la seguridad de los ciudadanos no puede ni debe recaer exclusivamente en la Fuerza Pública, por las razones mencionadas. Todas las entidades del Estado contribuirán dentro de sus competencias a la consolidación de la autoridad democrática en el territorio”. A términos del 2005 el crecimiento del número de unidades del ejército era numeroso en donde se contaban veinte brigadas convencionales, 15 móviles, una brigada blindada, una brigada contra el narcotráfico, brigada de aviación entre otras. A pesar de los esfuerzos y cambios del plan patriota no ha logrado que las FARC descuiden otros frentes geográficos de gran importancia, como los corredores de comunicación entre bloques y fuentes ligadas al narcotráfico y al tráfico de armas. Tales problemas; ponen en tela juicio la política de seguridad democrática pues termino por poner en completo abandono a muchas poblaciones pobres del país que terminaron al margen de la nación, pues las poblaciones residentes en zonas peligrosas se ven acosadas y presionadas a inmiscuirse sin más remedio en la tragedia del desplazamiento forzado a las grandes ciudades o terminar laborando en la siembra y procesamiento de cocaína para no terminar muertos, un ejemplo de ello le sucede varios grupos indígenas en el país, muy especialmente en la región de los Llanos Orientales.
Así mismo, si bien la “política de seguridad democrática” del presidente Uribe se caracterizó especialmente por una lucha frontal contra los grupos al margen de la ley que en gran parte mejoro en significativamente la seguridad en varias regiones del país, puntualmente el narcotráfico y los grupos guerrilleros: FARC y ELN. Esta terminó por convertirse en una constante violación a los derechos y la dignidad humana; claro está en contraposición al contenido de tal proyecto en la parte de democracia y derechos humanos: “El fortalecimiento de la autoridad democrática es, por esta razón, la condición necesaria para garantizar el respeto a los derechos humanos. Con frecuencia se olvida que los derechos humanos, más que máximas de comportamiento, son fundamento y razón de ser del ordenamiento constitucional. Su vigencia requiere ante todo de la plena soberanía democrática y de la capacidad del Estado de hacer prevalecer el orden jurídico en todo el territorio”. Un ejemplo de la violación a este supuesto se ve reflejado en el escándalo de los “falsos positivos” conocido a finales del 2008 donde miembros del ejército fueron involucrados con la masacre de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del conflicto armado que vive el país. Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de combate. A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida. Pero fue con la aparición de los cadáveres de 19 jóvenes que habían desaparecido en el municipio de Soacha, vecino a Bogotá y de la localidad de Ciudad Bolívar al suroccidente de la ciudad que aparecían como bajas del ejército en Norte de Santander, cuando se destapó el escándalo. Desde entonces han aparecido otros casos en Antioquia, Boyacá, Huila, Valle y Sucre y se conocen 946 investigaciones de la fiscalía general de la nación y 1043 de la procuraduría delegada para los derechos humanos; sin embargo a pesar del escándalo suscitado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos. En consecuencia dichas revelaciones no solo terminaron con la destitución de varios oficiales y suboficiales de alto rango del ejército, sino que además como ya lo he mencionado acabaron por poner en jaque la política de seguridad democrática y empañando la buena imagen del gobierno y la fuerza pública del país, pero desafortunadamente anqué el gobierno y el ministerio de la defensa nacional aceptaron la barbarie, nunca se abrió investigación sobre ningún miembro del gobierno e irónicamente el presidente actual fue quien se desempeñó a la cabeza de este ministerio. Así mismo, otro de los casos conocidos de violación a los derechos humanos fueron las chuzadas del DAS, cometidas por funcionarios de inteligencia de esta entidad contra magistrados congresistas, periodistas y personajes de la vida nacional opositores y críticos al gobierno Uribe; además de esto también se ha conocido el asesinato de gran numero indígenas y agentes sindicales. Hechos que en nada favorecen la llamada seguridad del país sino al contrario la convirtieron en ochos años terror y angustia que tal vez podríamos comparar con una especie de dictadura.
Las consecuencias que nos deja el proyecto de seguridad democrática en Colombia han sido desastrosas, y aunque de cierto modo se recuperó la confianza y la seguridad en gran parte del territorio nacional dominado por los grupos guerrilleros, paramilitares y el narcotráfico. Y si bien hoy Colombia muestra una nueva cara al mundo, gracias al histórico rescate de 15 secuestrados entre los que se encontraban la ex-candidata Ingrid Betancourt, 3 ciudadanos norteamericanos y 11 militares colombianos, denominada "Operación Jaque"; el asesinato de varios miembros del secretario de las FARC y la captura y posterior estradición de importantes narcotraficantes, es preciso hacer un balance de los altos costos que hemos pagado los colombianos gracias a ello, entre los que se puede contar el aumento de indigentes en todo el territorio nacional, el aumento en dos millones de desplazados en el país, un desempleo que el 2010 alcanzaba el 14.6%, las pobreza que aumentó un 25%, numerosos casos de corrupción entre ellos el de Agro Ingreso Seguro, la Yidis política, y muy recientemente el escándalo de la salud y los Nule; una guerra que se trasladó a las ciudades, un país polarizado “Quien no apoye el Uribismo es un terrorista” y por último la constitución ha sido contra reformada para favorecer sustancialmente al uribismo, desfavoreciendo su sentido inicial. En síntesis, la política de seguridad democrática no es más que una forma de mantener las relaciones internacionales con las grandes potencias mundiales y en este sentido mantener la confianza inversionista de las grandes multinacionales y transnacionales en el país, además de lograr un aumento en las exportaciones, pero hay que precisar, que lo fundamental en esta política de seguridad democrática es que la nación se encuentre dentro de una línea neoliberal del capitalismo convirtiéndonos a los colombianos en simples masas de consumo, favoreciendo de este modo la privatización de la función pública, como lo sucedido con la salud, el aumento en los impuestos y por supuesto un hecho de gran envergadura e importancia la posible privatización y mercantilización de la educación y los servicios públicos vitales, claros esta en pro de la búsqueda de la firma de convenios de libre comercio o TLC.
CONCLUCIONES:
· Se ha privatizado la función pública de la seguridad y, en este gobierno, se ha venido afianzando aún más en las decisiones de los ámbitos públicos el siguiente criterio: “el que tiene con qué paga, y los demás se quedan sin el servicio”.
· debemos disponer todas nuestras fuerzas y voluntades para lograr una salida política negociada al conflicto armado interno en Colombia y el acuerdo humanitario para liberar a los secuestrados aplicando el Protocolo II de Ginebra, para que construyamos democracia y no haya más desigualdad.
· hay dos claras prioridades en los objetivos del bienestar general que deber tener el estado: Por un lado la seguridad y por otro el bienestar económico. Para el actual gobierno hay un claro y mayor interés en el componente de seguridad. Esas dificultades económicas generan inconformismo en los ciudadanos lo que a su vez puede incrementar el conflicto social pues se deja de invertir en lo social para invertir en arsenal de guerra.
· Se deben implementar estrategias que realmente aboguen por la reducción en las diferencias de la distribución de la riqueza. El aspecto relacionado con la derrota de la corrupción sin duda alguna generará una verdadera confianza en la gestión del gobierno.
· Las desmovilizaciones, su reinserción y las deserciones, mostró sus costos con el paso de tiempo. Los desmovilizados de los paras son un problema constante debido a sus conflictos, escándalos, crímenes y reciclaje en grupos delincuenciales nuevos - viejos.
· No se puede olvidar el cambio que ha generado la política de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez en varios sectores de la sociedad colombiana. Se percibe una mayor presencia del gobierno lo que ha generado una mejor confianza en las instituciones. Sin embargo el grave problema de la violación de los derechos humanos, o el de la falta de realización de los derechos sociales, provienen simple y llanamente de la falta de eficacia de las normas que consagran tales derechos más que de la falta de tales normas.
· La política de seguridad democrática logro mantener la confianza inversionista y el crecimiento económico pero no social del país, ya que solo busca mantener las relaciones comerciales internacionales.