El desplazamiento
forzado es un fenómeno mundial, el total de desplazados internos en el mundo
por conflictos armados, violencia y abusos de los derechos humanos alcanzó una
cifra récord de 28,8 millones en 2012, según datos difundidos por el Centro de
Seguimiento para los Desplazados Internos (IDMC). Esa cifra supone que hubo 2,4
millones de desplazados más que en 2011, según el informe[1]. En Colombia ha sido un fenómeno que da
cuentas de las dinámicas históricas de exclusión, impunidad e intolerancia. La
comprensión del desplazamiento pone en evidencia aspectos coyunturales del país
tales como: la irrupción y consolidación del narcotráfico, los ajustes de la
economía al modelo neoliberal en el marco de las presiones y los
condicionamientos internacionales, el surgimiento de nuevos actores armados
ilegales y las políticas hemisféricas de seguridad, entre otras. Es trabajo
abordara en un primer momento, los temas concernientes al planteamiento del
problema de investigación, el elemento central de la misma, las delimitaciones
temporales y espaciales, objetivos que se platearon para el desarrollos y el
proyecto y la justificación o importancia que tiene a nivel académico y
contextual esta investigación, en un segundo lugar se abordara en el marco
teórico el contexto general del desplazamiento forzado, tomando en cuenta las
últimas estadísticas que se tienen al respecto en Colombia y Antioquia y
análisis teóricos de las migraciones, así también se abordara, la temática del
restablecimiento y el retorno, y las garantías necesarias para que se dé un
reparación integral de las víctimas, por último se presentara la metodología
que se utilizara para la sistematización de las fuentes, el método cualitativo
a utilizarse y las herramientas para realizar el trabajo de campo.
Se calcula que en los últimos
veinte años de conflicto social y armado se ha desarrollado en Colombia una
profunda concentración de la propiedad de la tierra bajo diversas modalidades
de despojo, donde ha cambiado radicalmente el uso de la misma y se ha configurado
una nueva clase terrateniente que algunos analistas han denominado como los
nuevos dueños de la tierra en Colombia, es por tanto el problema agrario el
principal problema a la hora de abordar el análisis del desplazamiento forzado.
Se calcula que el número de
hectáreas despojadas a la población desplazada es de 5.5 millones de hectáreas. CODHES (2001). Para la
magnitud de este despojo de tierras se tuvieron que desplazar en el marco del
conflicto a casi cerca de cuatro millones de habitantes rurales (campesinos, negros
e indígenas), de los cuales, según cifras de entidades como la conferencia episcopal,
la contraloría general de la república y CODHES, entre el 76% y el 79% de la población
desplazada tenían alguna relación de propiedad con la tierra. Lo que connota nuevamente
la estrecha relación entre desplazamiento forzado y despojo de tierra.
Lo anteriormente planteado,
significa que, el problema de investigación tiene relación con la inquietud que
queda más allá de la intervención de Acción Social en el territorio del Oriente
Antioqueño, a propósito del reconocimiento o no de la condición de ciudadanos a
partir del cumplimiento de los derechos humanos de la población retornada al
Oriente de Antioquia, desde un seguimiento como apuesta investigativa a un
análisis de coyuntura nacional en un primer lugar con el estudio de los
acontecimientos relacionados con el conflicto armado y en cómo la población
civil se convierte en actor al del conflicto al desplazarse de su lugar de
origen, convirtiéndose de este modo en foco de pobreza, marginalidad y problema
en las ciudades, quienes además reclaman derechos por parte del Estado.
En
segundo lugar se da pie para un estudio de caso con una muestra se enfocara en
el municipio de Granda, corregimiento de Santa Ana lugar donde en el años 2006
comienza la puesta en marcha del mega proyecto retornar es vivir que ya se
mencionara en el marco teórico, para cuyo tal caso se usaran los espacios de
tiempo 2004 - 2011. Estas perspectivas son válidas para realizar algunas
aproximaciones a cómo están estas comunidades desde la óptica, ante todo de los
derechos humanos en perspectiva internacional, por el cumplimiento de los
principios orientadores de los procesos de retorno de población desplazada a
los territorios de donde fueron expulsados por la violencia política.
Para cuyo tal caso esta
investigación planteara como pregunta de investigación: si ¿Es posible el
restablecimiento socioeconómico de las familias retornadas a sus lugares de
origen?, y de ser así ¿cuál es la forma adecuada en que dichos procesos deben
ser realizados?, esto teniendo en cuanta los principios rectores que establece
el derecho internacional en los protocolos de retorno tendientes a: voluntariedad,
dignidad y seguridad. Según esto entonces, si los procesos de retorno en el
Oriente Antioqueño se ajustan al marco normativo nacional y a los principios
rectores, significa que se deben ceñir en materia de reparación integral al
menos a tres principios: La restitución, la indemnización y las garantías de no
repetición. Lo anterior significa antes de iniciar dichos procesos, se debería
realizar un inventario de daños para calcular el detrimento patrimonial durante
el desplazamiento para ser tenido en cuenta en el proceso de restitución.
La
preocupación por el problema agrario junto con el desplazamiento forzado
interno, son dos fenómenos ligados en el tiempo y en el espacio en los más de
cuarenta años de conflicto social y armado que lleva el país. En el análisis de
estos temas es de vital importancia para la Ciencia Política a la hora de
abordar un profundo análisis del sistema político colombiano. Estos dos
fenómenos explican la causa y consecuencia de un mismo entramado “La lucha por
la tierra”.
Políticamente llama la
atención sobre lo que implica retornar dignamente en el protocolo que establece
la ley, y la diferencia tan abismal en volver sin derechos, acosados y acosadas
por múltiples circunstancias como: las precarias condiciones económicas de las
familias en situación de desplazamiento forzado del oriente Antioqueño, el
temor que cunda entre las víctimas del desplazamiento de perder las tierras y
el anhelo de estas familias por resarcir sus proyectos de vida de donde fueron
expulsadas, estos problemas de derechos humanos parecen ser poco abordados y
estudiados y se hace necesario un análisis
académico a la hora de implementar políticas públicas como las de
“retornar es vivir” o la ley de
víctimas y restitución de tierras , esto
teniendo en cuenta el marco de los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario y la legislación colombiana en dicha materia.
En el contexto
anterior los proyectos de investigación resultan de gran importancia a la hora
de buscar alternativas a las jurídicas, para establecer un marco metodológico
de trabajo donde se dé vía a lo dicho en el artículo 29 del derecho
internacional de los Derechos Humanos: “La restitución tiene prioridad como
medida para reparar a las personas en situación de desplazamiento forzado,
teniendo en cuenta que con la restitución de la tierra se garantizan otros como
el de la vivienda y en muchas ocasiones el de la alimentación, además de ser
elemento indispensable para garantizar que las víctimas conserven la
posibilidad de retornar”, en este caso estamos hablando de establecer que el
retorno es solo un componente de la reparación integral, pues los procesos de
retorno solamente son actos formales que no garantizan el restablecimiento
socioeconómico y la estabilidad de los mismos. Por lo que es absolutamente
necesario que dichos procesos estén sujetos en la teoría y en la práctica a la
restitución de los derechos de las víctimas, tales como la seguridad
alimentaria, la vivienda digna, la salud, la educación de los hijos, la no
repetición de los crímenes y la generación de ingresos para el
auto-sostenimiento.
Por todo lo dicho;
vale la pena abrir un debate argumentado y profundo bajo un enfoque de los
derechos humanos, sobre la importancia
que significa para este tipo de procesos la materialización del goce efectivo
de derechos para las comunidades que regresaron y las que están en el proceso
de retornar a sus territorios de origen. Pero sobre todo, lo que implicaría un
proceso de retorno digno, seguro y voluntario en una visión de desarrollo
regional.
La migración es una forma notable y generalizada de
movimiento colectivo que se observa en un amplio rango de escalas espaciales y temporales.
A menudo, las personas migratorias se enfrentan al reto de seguimiento de largo
alcance, ruidosas señales ambientales con el fin de llegar a un hábitat
adecuado (Gutiérrez: 2011 citando a Couzin, 2010). Los procesos migratorios actuales tienen su
origen en los procesos de desarrollo capitalista, las lógicas de la migración
responden las lógicas del capital la forma en que este se desarrolla según sus
etapas.
El institucionalismo y
el neo institucionalismo, explican como
a partir de las instituciones se definen la importancia de la acción de
las naciones en materias de atención al desplazado. La teoría dice que Instituciones,
las cuales se definen como “conjuntos de reglas (formales e informales)
persistentes y conectadas que prescriben papeles de conducta, restringen la
actividad y configuran las expectativas” (Keohane, Robert. 1993). Conflicto interno armado
colombiano como generador del desplazamiento forzado, la importancia de las
políticas públicas para la atención y estabilización de la población desplazada
y cómo surge la necesidad de una intervención de los organismos internacionales
como complemento de la atención prioritaria por parte del Estado, ya que dice
Keohane “las instituciones internacionales les permiten a los Estados tomar
acciones que, de otra forma serian inconcebibles”. Dentro del estudio realizado
se destaca la fuerte relación entre la problemática del conflicto armado
colombiano y la generación del desplazamiento forzado, siendo los diferentes
grupos armados (guerrilla, paramilitares) los que mayor presión han impuesto a
la población víctima de la violencia.
El
desplazamiento forzado en Colombia puede explicarse por diferentes causas: En
primer lugar; el conflicto armado como consecuencia del enfrentamiento entre
actores armados o entre alguno de éstos y la fuerza pública, cuando la
población huye por carecer de las garantías mínimas de protección de su vida e
integridad física. Debido a la estrategia de control territorial por parte de
los grupos al margen de la ley. En la actualidad existe una nueva forma de
desplazamiento forzado denominado Interurbano, donde las familias son
expulsadas de una ciudad a otra por los conflicto por control de barrios
(Ibáñez: 2008), consecuencia del traslado del conflicto hacia las periferias
urbanas, incluso las hogares pueden ser víctimas de un segundo desplazamiento, Otro
de los factores, es la dinámica de desarrollo económico en las regiones, La
expulsión de pobladores de su lugar de origen también parece responder a
mecanismos de adecuación a las necesidades de producción y acumulación que el
capital impone y la estrategia de dominación de los capitales nacionales y
transnacionales.
1.
Desplazamiento forzado en Colombia (cifras)
1.1.
Magnitud
del problema a nivel nacional
Colombia posee la escandalosa cifra de
entre 4,9 millones y 5,5 millones, situándose como el país con el mayor número
de desplazados internos a nivel mundial, según el informe del IDMC y el Consejo
Noruego para los Refugiados. A mediados de los años noventa, el desplazamiento
forzoso adquirió connotaciones importantes y se convirtió en uno de los
resultados más dramáticos de la violencia en Colombia. Este volumen de
desplazamiento forzado revela una profunda crisis humanitaria pero
desafortunadamente se ha invisibilizado por el hecho de que la opinión pública
ha concentrado su atención en el proceso de adopción de la ley de víctimas, las
operaciones militares de gran formato, las afectaciones por la ola invernal y
los indicadores de crecimiento económico.
“Durante el 2011, aproximadamente 259.146
personas (cerca de 70.039 familias) fueron desplazadas en Colombia. Entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2011, un promedio de 710 personas por día
llegaron desplazadas a 805 municipios de los 32 departamentos del país. Los
cinco departamentos con mayor número de personas que llegaron desplazadas
fueron Antioquia (64.043 desplazados), Nariño (28.694), Cauca (19.549), Valle
del Cauca (17.489) y Córdoba (10.561). Por otra parte, los cinco municipios
donde arribó el mayor número de personas desplazadas fueron: Bogotá D.C.
(41.246), Medellín (29.560), Tumaco (15.296), Turbo (8.935) y Cali (7.750)”.
(CODHES 2011 p. 4). Según CODHES (2001) Si bien la mayoría de los
desplazamientos masivos durante 2011 fueron ocasionados, por las dinámicas
alrededor de la confrontación armada entre las FARC y la fuerza pública, no se
pueden desconocer otros matices causales de la crisis humanitaria. En este
sentido, los grupos post-desmovilización - GPD tales como Los Rastrojos, las
Águilas Negras, Los Paisas y el ERPAC, son los siguientes mayores generadores
de eventos de desplazamiento forzado en Colombia, de acuerdo con la información
registrada en 2011.
1.2.
El
problema de desplazamiento forzado en Antioquia
Este departamento cuenta con el mayor
número de episodios de desplazamiento, los cuales vienen creciendo
continuamente con la agudización del conflicto armado, la cifras de Acción
Social (2006) lo muestran como el primer departamento causante de
desplazamiento, con un porcentaje de individuos expulsados de 16.74%, también
como el primer departamento receptor de personas desplazadas con un 14.5%,
además, el 89% de los hogares desplazados reporta algún tipo de vínculo con la
tierra en el momento de la expulsión, confirmando la relación que existe ente
las personas desplazadas y las actividades del sector agrícola (Muñoz y
Gaviria, 2007). El principal factor par el problema del desplazamiento forzado
en el departamento es el conflicto
armado.
La subregión del oriente, compuesta por 23
municipios, es una de las más afectadas por el conflicto armado interno,
convirtiéndose en la primera región expulsora del departamento con 35%,
especialmente por la permanente disputa entre los distintos grupos armados por
el control del corredor vial Medellín-Bogotá estratégico para la
comercialización de productos (CISP, 2005), así mismo esta región concentra el
35% de la generación hidroeléctrica del país. Estos procesos explican el riesgo
de desplazamiento forzado de sus habitantes, en especial para tres municipios:
San Carlos, Granada, Cocorná, que agrupan cerca del 50% de las expulsiones
(18.6%, 14.6%, y 14% respectivamente). El Oriente Antioqueño concentra un 6.7%
de abandono de tierras en el departamento que equivale a 1.464,2
hectáreas. (Muñoz y Gaviria, 2007).
Según consolidados estadísticos a 30 de
septiembre de 2010, la sub-región del Oriente Antioqueño alcanza un total de
175.454 registros de expulsión por eventos individuales y masivos, reporte que
lo ubica en segundo lugar con un 27,89% de participación a nivel departamental.
El desplazamiento forzado continúa siendo una práctica para el control territorial
de actores armados ilegales, en Antioquia para el año 2010 se presentó un
incremento de 11.064 personas sobre el acumulado histórico del número de
desplazados, que pasó de 618.714 personas desplazadas a diciembre de 2009 a
629.123 para el año 2010, lo que representa un incremento del 1,65% sobre el acumulado
histórico del número de desplazados. (Defensoría del Pueblo, 2011).
2.
Restablecimiento
y retorno de la población desplazada
2.1.
El
restablecimiento
El
restablecimiento busca que la población desplazada “cree sus propias formas de
subsistencia, de tal manera que su reincorporación a la vida social, laboral y
cultural de país, se realice evitando procesos de segregación o estigmatización
social” (Ley 387 de 1997). En este sentido dice la Red de solidaridad social
RSS[2]
(2011) se trata de procesos que inician con la atención humanitaria y culmina
cuando se han generado condiciones para rehacer integralmente el proyecto de
vida y el cese de la condición de desplazamiento. En la práctica hay que decir,
que si bien estos procesos en materia atención humanitaria han mostrado logros,
el impacto en términos de restablecimiento ha sido muy precario.
La
Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado,
demuestra la enorme brecha que existe entre los planteamientos de la política y
su impacta en el restablecimiento de las condiciones de vida de la población
desplazada (CNRR, 2011). Los campos en lo que se tiene que prestar la principal
atención son en materia de educación, salud, empleo y generación de ingresos y
lo referente a la vivienda; sin estos elementos establecer un política pública
eficiente para el restablecimiento y estabilización
socioeconómica[3] como lo establece el decreto 2569 de
2000, será sumamente difícil.
Frente
al tema del restablecimiento hay que decir que la RSS, reconoce que este es un
derecho de la persona desplazada quien lo recibe como reparación por los daños
causas a su persona sus bienes y sus
derechos, la reparación se reconoce por la omisión del estado en la defensa de
los derechos.
2.2.
El
retorno
El
retorno es volver al lugar de donde fueron expulsadas o huyeron las personas
desplazadas, esta es una alternativa para los hogares desplazados. Sin embargo,
esta alternativa es limitada en un contexto de conflicto armado dado que
todavía no se han desactivado las causas originales del desplazamiento. “Como
consecuencia, pocos hogares desplazados contemplan el retorno como una
alternativa plausible. Datos del Sistema RUT[4]
indican que cerca de 11% de los hogares desplazados desean retornar. La
renuencia de la gran mayoría de los hogares desplazados a retornar contrasta
con la política actual, cuyo énfasis es la promoción”. (Ibáñez y moya. 2011).
Un retorno debe, además, acoger los principios rectores del desplazamiento
interno, tal como lo contempla el Decreto 250 de 2005. Esto significa que deben
ser voluntarios, seguros y dignos, responsabilidades que recaen en cabeza del
Estado.
Bello
(2005) entienden que el retorno, a su vez es el proceso de reasentamiento de la
población en el lugar de donde fue expulsada por la violencia, y puede ser
individual, familiar o colectivo. La RSS define dos tipos de retorno: el rápido
y el integral, que dependen de la temporalidad del desplazamiento. Cuando no
haya lugar a retorno se puede optar por pro la reubicación entendida como el proceso de reasentamiento
en un lugar diferente al de origen o residencia que necesariamente implica la
adaptación de la población a las nuevas condiciones especiales, culturales,
sociales y económicas, esta puede darse en el lugar inicial de acogida o recepción o en otro diferente, sea en la
zona urbana o la rural.
2.3.
Programa
de la Presidencia de la República “Retornar es Vivir”
En
el año 2009 el Gobierno Nacional definió el programa “Retornar es Vivir” como
una de sus principales apuestas encaminada al restablecimiento de la población
desplazada. El objetivo del programa es:
Acompañar
integralmente procesos de retorno, a través de la coordinación interna con los
procesos misionales de Acción Social, y demás entidades del Sistema Nacional de
Atención a la Población Desplazada del
nivel nacional y territorial, de tal manera que se intervenga acelerada y
sostenidamente en la restitución de los derechos de la población desplazada, se
garantice la no repetición y se avance en la reparación de familias victimas del desplazamiento.
(Acción Social, 2010: Megaproyecto Retornar es Vivir).
La
implementación de este programa fue direccionada hacia la intervención integral
de las comunidades retornadas a partir de los 13 elementos del retorno:
habitabilidad, tierras, salud, educación y uso del tiempo libre; servicios
públicos básicos, seguridad alimentaria, ingresos y trabajo, acompañamiento
humanitario, programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes, adultos
mayores, mujeres y población discapacitada; organización social y atención
psicosocial. (CNRR: 2011, p. 394).
Según
datos de acción social, para el año 2009 en el oriente antioqueño se registraba
una población retornada de 16.000 hogares (68.000 personas), de los cuales
11.480 (45.600 personas) estaban ubicados en los seis municipios priorizados en
la primera fase (San Carlos, Cocorná, Granada, San Rafael, San Francisco y San
Luis). De estas personas se han atendido 5.677 (24.566 personas), a través de
la estrategia Retornar es Vivir, lo
cual supone un déficit de 45% en la atención. Este hecho presenta una preocupación
pues se están presentando problemas en la implementación del proyecto en temas
tan importantes como seguridad alimentaria, titulación de tierras e
infraestructura local. Lo cual pone de manifiesto el interrogante con respecto
a si el gobierno central podrá garantizar una respuesta que vaya más allá de la
atención humanitaria temporal.
2.4.
Los
obstáculos del retorno
Ante
el sueño de la población desplazadas y el interés institucional en torno al
tema del retorno, también parece ciertos problemas que imposibilitan o generan
problemas en cuanto al restablecimiento en el lugar de origen, en primer lugar
encontramos el retorno en cuanto a la magnitud del daño causado por el
abandono, territorios destruidos por el paso del tiempo y la guerra, saqueados
y encontrados como lugares improductivos, este hecho genera escepticismo en la
población que busca retornar.
Otro
obstáculo se encuentra en cuanto a las
deudas de prediales y servicios públicos, con lo que el estado tendría que
buscar por parte de las empresas de servicios públicos eximir esta deudas a
quien han retornado, por su condición de víctima y la dificultad que conlleva
el retorno a un lugar abandonado por tanto años.
La
preocupación que causa las minas antipersonas sembradas en esos lugares,
significa un problema de gran inmensidad, pues se crea un ambiente de peligro
para las familias retornadas. Otras dificultades tienen que ver con la falta de
recursos para la generación de ingresos económicos y sostenibilidad, la falta
de títulos de propiedad de la tierra y las viviendas, así como de las escuelas
y colegios públicos, hecho que impide la asignación de recursos para
mejoramiento, además un obstáculo bastante preocupante es la recuperación de la
infraestructura (vías, centros de salud, escuelas y colegios).
Por
último, pero no menos importante está el problema de garantizar la seguridad de
los lugares donde habitan los pobladores retornados, esto en cuanto que la
violencia aún persiste en muchos lugres del país, se cuentan todavía episodios
de asesinatos, secuestros y masacres; la mayoría de las causas del conflicto
persisten o se han transformado.
3.
Políticas
públicas y legislación en materia de retornos
3.1.
Política
pública de retorno para población en situación de desplazamiento (PPR)
La
Política Pública de Retorno está dirigida a todo hogar o persona en situación
de desplazamiento que decida libremente regresar permanentemente a su localidad
de residencia en donde realizaba sus actividades económicas habituales, siempre
y cuando cuente en primer momento con la información sobre las condiciones de
seguridad del lugar de retorno, y los demás elementos previstos en el
protocolo. Bajo esta perspectiva, se identifican cuatro grupos que deben ser
tenidos en cuenta al momento de decidir las estrategias de intervención, estos
son:
1. Procesos de Retorno
Colectivo que cuentan con acompañamiento institucional.
2. Procesos de Retorno
Familias que cuentan con acompañamiento institucional.
3. Procesos de Retorno
Colectivo sin acompañamiento institucional2
4. Procesos de Retorno Familias sin
acompañamiento institucional
El
alcance de esta política no se restringe a nuevos procesos de retorno sino que
abarca también a la población que voluntariamente regresó a su lugar de origen
sin acompañamiento institucional. En este sentido, la tarea de todas las instituciones
es identificar a los hogares que han regresado a sus lugares de origen, e
iniciar su proceso de estabilización socioeconómica y de restitución sistemática
de los derechos vulnerados por efectos del desplazamiento. (Documento Política
pública de retorno para población en situación de desplazamiento (PPR): 2009)
3.2.
Legislación
internacional
En los proceso de retornos el primer
derecho que se debe garantizar es el de la restitución. De acuerdo con el
derecho internacional de los DH la restitución tiene prioridad como medida para
reparar a las personas en situación de desplazamiento forzado, teniendo en
cuenta que con la restitución de las tierras se garantizan otros derechos como
la vivienda digna y en muchas ocasiones el derecho a la alimentación, además de
ser elemento indispensable para garantizar que las víctimas conserven la
posibilidad de retornar.
El retorno es un derecho que cada Estado
de debe garantizar a todas las personas en condiciones de seguridad, dignidad y
voluntariedad. En el ámbito internacional es el principio Rector 28 de los
principios rectores del desplazamiento forzado que dispone que, las autoridades
competentes tengan la obligación y las responsabilidades primarias, de
establecer y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro
y digno de los desplazados a su hogar o lugar de residencia habitual, o su
reasentamiento voluntario a otra parte del país.
Este principio compromete, además,
a los Estados a que realicen esfuerzos especiales para asegurar la plena participación
de los desplazados en la planeación y gestión de su regreso o reasentamiento. Además
de esto, el principio Rector 29 establece que cuando los desplazados regresen o
se reasienten en otro lugar del país, no serán objeto de discriminación alguna
basada en el desplazamiento y tendrán derecho a participar de manera plena e
igualitaria en todos los asuntos públicos y a tener acceso en condiciones de
igualdad a los servicios públicos.
Así mismo, los desplazados internos que
retornen o se reasienten en otra parte, deberán recibir por parte de las
autoridades competentes la asistencia adecuada para recuperar, en la medida de
lo posible, las propiedades, o posesiones que abandonaron o de las cuales fueron
desposeídos cuando se desplazaron. Cuando esa recuperación sea imposible, las autoridades
competentes tienen la obligación de conceder una indemnización adecuada u otra
forma de reparación justa, o de prestar asistencia para que esas personas la obtengan.
(Corte Constitucional, Auto 092 del 2008. Pág. 5)
4.
Protocolo
de retornos
Según
el ARTÍCULO 78. De la ley 1448 de 2011: El Protocolo de Retorno y Reubicación es
el instrumento técnico para la coordinación, planeación, seguimiento y control
de los procesos de retorno y reubicación a las personas, familias o comunidades
víctimas del desplazamiento forzado en los contextos urbanos o rurales que hayan
retornado o se hayan reubicado con o sin el apoyo institucional, para lograr el
acompañamiento estatal en el marco de su competencia.
La
política pública retorno de la población desplazada en situación de
desplazamiento (PPR) establece que todo retorno ya sea colectivo o familiar,
representa un paso más para la reivindicación de los derechos vulnerados, en
este sentido es claro que la Política Pública para Retornos debe fundarse sobre
los principios de Seguridad, Voluntariedad y Dignidad, siendo estos entendidos
como:
1.
Voluntad
Significa
la libre elección que toma la persona en situación de desplazamiento para
regresar a su lugar de origen. Antes de tomar esta decisión, el hogar debe
contar con la información suficiente acerca de las condiciones de seguridad y
los demás elementos previstos en el Protocolo de Retornos. La Voluntad de
regresar, deberá pasar por reflexiones al interior de la familia sobre la
posibilidad de su retorno, por tanto no puede entenderse o asumirse como una
decisión espontánea, emotiva o presionada por factores distintos.
2.
Seguridad
Está
orientada a garantizar los derechos a la vida, integridad personal, la libertad
y la seguridad personales de los retornados, así como la protección de sus
propiedades y la garantía de los modos de vida necesarios para su integración y
estabilización socioeconómica.
3.
Dignidad
Se
entiende como la restitución de los derechos vulnerados, con el acceso a los programas
sociales del Estado y el trato no discriminatorio, que permita la inserción en
los procesos sociales, económicos y culturales de los hogares retornados.
5.
Conclusiones.
En
primera medida, es necesario decir que el programa Retornar es Vivir de la
presidencia de la república, es un programa que realmente no ha funcionado, la
promesas del gobierno se quedaron estancadas y cada vez hay menos ayudas para
los retornados. Se hace necesario crear alternativas que atraigan a la
población a retornar con todos sus derechos resarcidos.
Se
debe llevar a cabo un inventario completo de los procesos de retorno para
identificar las brechas de protección y detectar las necesidades de la
comunidad. La participación de las
agencias humanitarias puede ayudar a limitar la presión sobre las comunidades
en áreas donde los actores armados ilegales tienen una presencia significativa,
y donde existen restricciones considerables de movilidad.
En
los municipios del oriente antioqueño los procesos de retorno de población
desplazada están generando más preocupaciones que alegrías. Los esfuerzos de
las administraciones locales se están quedando cortos frente a las necesidades
de los retornados; la coordinación con las instituciones del Estado, en este
caso Acción Social, es poco funcional y los que han decidido regresar viven
ahora entre penurias y privaciones.
El
drama es evidente en algunas familias que ya han regresado pero no cuentan con
un acompañamiento en este proceso, no hay asistencia directa rural. Además, el
panorama que encuentran al llegar no puede ser más desalentador: casas
destruidas, parcelas convertidas en matorrales, caminos intransitables, veredas
minadas. Un territorio que no tiene las condiciones para recibirlos nuevamente,
el conflicto en esto territorios no ha cesado pues la presencia de grupos
armados es evidente.
El
reto para el Estado consiste ahora en garantizar las mínimas condiciones de
bienestar para estos labriegos para que a futuro no se registren nuevos
desplazamientos, esta vez motivados por el hambre, ante esto se concluye que
los retorno no se están llevando a cabo con la rigurosidad que exige el Derecho
internacional de los derechos Humanos y la legislación colombiana, la nueva ley
de victimas de no ser rediseñada se puede convertir en un obstáculo para ello.
Finalmente
la reparación a las victimas será realmente difícil mientras continúe el
conflicto armado y no lleva a cabo un reforma agraria, que ponga fin al régimen
latifundista en Colombia, además de los proyectos de las multinacionales de
mega minería y explotación de recursos que buscas apoderarse de territorios de
los campesinos son también un obstáculo a la vista.
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Javeriana. Volumen 143, 37-45.
Gaviria Carlos Felipe y Muñoz Juan Carlos
(2007). Desplazamiento forzado y propiedad de la tierra en Antioquia,
1996-2004. Revista lecturas de economía. Volumen 66, 11-40
Ciberlogía
[1] Elespectador.com
[2] Ley 368 de 1997, articulo 1: Créase la Red de Solidaridad Social RSS,
como un establecimiento público del orden nacional, dotado de personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. La Red de
Solidaridad Social tendrá domicilio en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D. C.
Artículo 2: literal b, Financiar y cofinanciar programas y proyectos de apoyo a
los sectores más pobres de la población colombiana, en materia de empleo,
educación, alimentación, seguridad social, actividades deportivas, recreativas,
culturales y de integración de asentamientos marginados;
[3] Por estabilización socioeconómica se entiende niveles de subsistencia durables y
sostenibles para las familias, personas
y comunidades desplazadas, dentro de una concepción no asistencial,
dirigida al fortalecimiento de las propias capacidades del capital humano y
social de la población desplazada y a la generación de alternativas productivas
que permitan la garantizar la propia subsistencia. (Bello, 2005).
[4] El otro sistema de información sobre desplazamiento en Colombia es el
sistema RUT de la Conferencia Episcopal de Colombia (CE). La metodología del
RUT se basa en la aplicación de una encuesta a las familias que se acercan a
las parroquias católicas en búsqueda de ayuda para enfrentar la situación de
desplazamiento. De esta manera, el RUT no presenta la información de personas
que no se acercan a las parroquias católicas y tampoco realiza un monitoreo de
la magnitud del desplazamiento.
